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Boletin Juridico Septiembre 2009

La investigación realizada por la alta corporación radica en la queja interpuesta por el representante legal de la organización SAYCO-ACINPRO, a fin de que se investigara la conducta desplegada por el abogado Garrido Abad Jorge Alonso, quien actuó como apoderado de FEDECOTER, dentro de la acción popular promovida el 23 de marzo de 2006 contra el Ministerio del Interior y de Justicia- Dirección Nacional de Derechos de Autor, SAYCO Y ACINPRO.

En memorial allegado al expediente dentro del tramite de la acción popular el abogado utilizo términos injuriosos, insultantes y denigrantes en contra de los accionados SAYCO Y ACINPRO como: “(...) patrocina una ilegal cobranza unilateral de derechos patrimoniales por arte de SAYCO Y ACINPRO (...),(...)de amañados conceptos, la entidad pública manifiesta falsamente falsamente (...) , (...)en forma por demás temeraria(...),(...) los funcionarios de esta dependencia Ministerial(...)l, (...)en inusual procede(...),(...)el jefe de la División Legal de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, sostiene una posición legal cuando interviene en los procesos de exequibilidad ante la Corte Constitucional (...), entre otras.
Así dentro de la acción referida vemos que las pretensiones del disciplinado no encontraron acogida por parte del Juzgado Tercero Administrativo de Pereira en primera instancia.

ACCION POPULAR LEGITIMA LA GESTION DE SAYCO.

El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión, con ponencia de la Magistrada Edda Estrada Alvárez, decidió confirmar la sentencia proferida por el Juzgado 18 Administrativo del Circuito de Medellín, con ocasión de la acción popular instaurada por la Asociación de Autores, compositores, intérpretes y músicos colombianos ACIMCOL, en contra de el Municipio de Itaguí y otros.
En esta oportunidad el Tribunal retomó los planteamientos de la Corte Constitucional en la sentencia C-833 de 2007, y señaló que “No se trata de que las únicas Sociedades de Gestión Colectiva sean SAYCO y ACINPRO, como lo pretende hacer valer el demandante, sólo que éstas, son por excelencia, las llamadas a responder como facultadas para recaudar y expedir los correspondientes paz y salvos.

DECLARADO EXEQUIBLE EL ARTICULO 247 DE LA LEY 23 DE 1982

La Corte Constitucional, en la sesión de la Sala Plena celebrada el día 4 de agosto de 2009, declaró Exequible el artículo 247 de la Ley 23 de 1982 (sentencia C-523 de 2009)
“En primer término, la Corte Constitucional reiteró que fue voluntad del constituyente asignar al legislador una amplia discrecionalidad para expedir normas procedimentales destinadas a regular las actuaciones ante la administración de justicia, como manifestación de la cláusula general de competencia contenida en los numerales 1º y 2º del artículo 150 de la Constitución Política. Al mismo tiempo, recordó que esa potestad no es absoluta pues encuentra límites en los principios, valores y derechos fundamentales, de forma que debe ser ejercida conforme a la razonabilidad y proporcionalidad. De igual manera, aunque el legislador goza de una amplia potestad para regular el tipo de instrumentos cautelares y su procedimiento de adopción, debe tenerse en cuenta que por su naturaleza preventiva, pueden llegar a afectar el derecho de defensa y el debido proceso, en la medida que restringen un derecho de una persona, antes de que se decida por el juez en forma definitiva.

En relación con las medidas cautelares previstas en el artículo 247 de la Ley 23 de 1982, la Corte determinó que no vulneran el debido proceso ni el derecho de defensa. En primer lugar, persiguen fines legítimos acordes con la Constitución y su texto se encuentra ajustado a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Así, la exigencia de prueba sumaria para decretarlas, obedece a la urgencia de proteger de manera inmediata y de forma provisoria el derecho de autor de las imposiciones arbitrarias o abusivas por parte de quienes ejecutan, representan, exhiben, usan o explotan sus obras sin su autorización. En segundo lugar, los parámetros para el establecimiento del monto de la caución, toda vez que están contemplados en la legislación ordinaria, a la cual remite el artículo 247 de la Ley 23 de 1982. Por último, la Corte encontró que en la atribución territorial de competencia a prevención del juez municipal o del circuito del lugar del espectáculo para el decreto de las medidas cautelares, el legislador obró amparado en el principio de configuración normativa, con el fin de garantizar precisamente la aplicación inmediata de las medidas de protección consagrada para los derechos de autor.” Comunicado 34.

Si desea obtener el texto completo de los documentos aquí referenciados, comuníquese a
valvarado@sayco.org

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